Actualmente el suministro de agua lo presta la Comunidad de Propietarios a través de un pozo que los vecinos tuvieron que practicar, puesto que, a pesar de que las viviendas se encuentran en suelo urbano desde 1991, el Ayuntamiento se ha negado desde entonces a dotar a las viviendas de agua potable. Dicho pozo dispone de licencia para su explotación emitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar y está sometido a controles periódicos por parte de la Consellería de Sanidad (Dirección General de Salud Pública), que detectó los problemas mencionados a principios de 2013 y advirtió que se solucionaran los problemas.
EU denuncia que lo único que hizo el Ayuntamiento es emitir un comunicado prohibiendo beber agua del pozo y no hacer nada para que llegase agua potable a las viviendas. Según EU, hay vecinos que pueden comprar agua mineral para beber y cocinar, mientras que otros que están en paro no pueden permitírselo y están usando ese agua contaminada para el consumo.
Esquerra Unida denuncia que los vecinos han intentado solucionar el problema desde hace décadas ante la falta de respuesta del Ayuntamiento y señala que los vecinos han buscado soluciones, contactando incluso con la empresa de mantenimiento del pozo – la misma que lo realizó-, que informó que no hay garantías de mejora aunque se profundizara más o se hiciese un nuevo pozo en la zona.
En este momento los vecinos han optado por colocar un filtro – que les ha costado 10.000 euros – que ha aclarado un poco el agua, que sigue sin ser transparente y que además sigue sin resolverse el problema de los nitratos y los plaguicidas. Dicho filtro cuando se obstruye produce reventones en las cañerías.
El portavoz de Esquerra Unida, Javier Parra, señaló que «si los vecinos llevan años pagando el IBI, el Ayuntamiento tiene la obligación de urbanizar la zona y de proporcionarles agua potable y no dar lugar a que haya vecinos que puedan estar consumiendo agua contaminada».
Javier Parra exigió al gobierno local del PP que de forma urgente proceda a la instalación y suministro de agua potable en las viviendas, estableciendo el coste individualizado que legalmente les corresponda a los titulares de las mismas con el fin de proteger la salud pública.