La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de Investigación Penal contra el gobierno municipal PSOE-Compromís, en relación a una encomienda de 876.000 euros a la empresa pública GESPA destinada a Vías Públicas. Dicho acuerdo fue tomado el pasado 30 de noviembre exclusivamente con los votos a favor de PSOE y Compromís. El resto de partidos votaron en contra atendiendo a los informes de los habilitados nacionales que recomendaban dejarlo sobre la mesa ya que faltaban informes preceptivos para su aprobación. En concreto el informe de Secretaría General concluyó que “el expediente no reúne los requisitos acreditativos necesarios para la adopción del acuerdo en los términos que se propone”, advertencia que no fue escuchada por los concejales del gobierno municipal a pesar de que a preguntas de los concejales populares, se reiteró en el pleno instantes antes de la votación.
Apenas unos días después de dicha aprobación plenaria la brigada ya se encontraba trabajando, tras un rapidísimo proceso de selección que también ha suscitado muchas dudas y en el cual destacaba la contratación de un miembro de la lista electoral de Compromís per Paterna. El Grupo Municipal Popular llevó al pasado Pleno Municipal una propuesta para declarar lesiva la aprobación de dicha encomienda. En relación a esta propuesta la Jefa del Área e Infraestructuras también apuntó la “evidencia de que Secretaría General e Intervención han considerado insuficientes la justificación de la solución propuesta en base a informes emitidos por técnicos municipales y GESPA”, pero el pleno decidió mantener la encomienda con votos a favor nuevamente de PSOE-Compromís, en aras al “interés público”.
Para la portavoz popular, María Villajos, “el proceso de puesta en marcha de esta brigada se realizó en contra del criterio de los habilitados nacionales que tienen la misión de prestar el asesoramiento jurídico al gobierno municipal, motivo por el cual entendemos que debe esclarecerse en todos sus extremos por qué el gobierno PSOE-Compromís decidió obviar sus informes”. Por otro lado, la portavoz popular consideró que “el proceso de selección también debe ser mirado con lupa, dado que todos los vecinos tienen los mismo derechos a ocupar estas plazas y la presencia de afines a Compromís, como un miembro de su lista electoral, ha levantado muchas suspicacias”.
RESPUESTA MUNICIPAL
Por su parte El Ayuntamiento de Paterna y la empresa pública Gestión y Servicios de Paterna (GESPA) han ofrecido su colaboración a la Fiscalía de Valencia para corroborar la legalidad de la encomienda de 876.000 euros a GESPA que el consistorio aprobó en el pleno del pasado mes de noviembre “para mejorar el servicio de mantenimiento de vía pública del municipio”.
Tanto desde el consistorio como desde la firma pública, que “no tienen constancia de que la Fiscalía esté estudiando esta encomienda”, defienden la legalidad y transparencia de un procedimiento cuya necesidad estaba justificada por el informe de la jefa de contratación municipal que mantiene que “por razones de seguridad de personas y vehículos es necesario mantener la encomienda de via pública a GESPA y reforzarla por razones de interés general”.
Y es que “la encomienda aprobada mejora sustancialmente el mantenimiento y conservación de todos los espacios públicos de Paterna, aumentando los recursos materiales, técnicos y humanos, ya que presentan muchas deficiencias en su firme y pavimento debido a la falta de inversión y de conservación del anterior equipo de gobierno del PP durante sus años de mandato” afirmaron fuentes municipales.
“Esta encomienda permitirá crear y poner en marcha una brigada exclusiva de vía pública y atender quejas y reivindicaciones históricas de los vecinos”, han asegurado al mismo tiempo que han reprochado al PP que “ha sido precisamente su dejadez y abandono del pueblo los que han dado lugar a la encomiendan que ahora denuncian”.
Por último, tanto desde el Ayuntamiento de Paterna como desde GESPA han mostrado su total confianza en la justicia y están convencidos de que la causa será archivada una vez la Fiscalía compruebe que la necesidad del servicio está justificada.