Los 700 de Alborgí

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En primer lugar quiero mostrar mi solidaridad y cercanía con cada uno de los vecinos de Alborgí, o de cualquier otro barrio, que teniendo cerca de sus viviendas una antena de telefonía móvil, sufren un síndrome que se caracteriza por cefaleas, insomnio, etc. y la sospecha generalizada de que puede estar en el origen de algunos casos de cáncer.

Se trata de un caso muy generalizado y que durante años ha marcado la polémica urbana de colectivos vecinales que ante el miedo a esos, y otros, impactos sobre su salud, han exigido a las autoridades municipales la retirada y el alejamiento de las temidas antenas de la cercanía de sus domicilios.

Los vecinos de Alborgí se han caracterizado por su insistencia en denunciar la antena situada en la confluencia de las calles Primero de Mayo con San Andrés y así desde hace años viene exigiendo a la corporación medidas en este aspecto.

Recuerdo una iniciativa de efectuar un estudio epidemiológico que cuantificara el número de afectados y sus dolencias, para obtener un mapa que, o bien fundamentara las quejas de los vecinos o bien las disipara según los resultados. Por lo que veo no se ha hecho  y el problema se está resolviendo por la vía de la recogida de firmas, setecientas, para exigir la retirada municipal de la antena.

Por si fuera poco un grupo de vecinos, algunos de ellos familiares de fallecidos, se presentaron en el Pleno municipal en que se debatía una moción para instalar un sistema informático de detección y medición de las emisiones de las antenas que había sido consensuada por los tres grupos municipales.

Pero fue insuficiente, ya que el alcalde  en una poco meditada iniciativa personal enmendó la moción, al objeto de iniciar los trámites para el cierre de la susodicha antena. Los vecinos se fueron satisfechos.

Pero siendo rigurosos, creo que se trata de una medida popular pero inviable jurídicamente que puede conducir al fracaso de sus objetivos, la supresión de la antena o de sus emisiones.

Por mi experiencia sé que las operadoras de telefonía obtienen su licencia para cada antena del estado central porque es quien tiene las competencias de regulación del especio radioeléctrico, si bien solicitan a los ayuntamientos licencia de instalación de acuerdo con el Plan General u otras normas locales, que en ningún caso pueden solaparse con las estatales, y hay mucha jurisprudencia sobre el asunto porque las operadoras siempre recurren judicialmente… y ganan.

Por ello es necesario explicar que las licencias que tienen las antenas de telefonía, como cualquier licencia municipal, son “actos reglados jurídicamente” que son de obligada concesión cuando el solicitante cumple con las condiciones técnicas impuestas, que en este caso contempla  nuestra actual Ordenanza de Telefonía Móvil que regula únicamente cuestiones de su instalación física en los terrados sin entrar, porque no se puede, en las cuestiones de potencia de emisión ni en las posibles consecuencias médicas.

Según la OMS, a pesar de las sospechas de posibles secuelas, éstas no han quedado demostradas científicamente, por lo que estas instalaciones, tan útiles por otra parte a la ciudadanía con un parque de aparatos que ya supera a la población total, cuentan hoy por hoy con todas las bendiciones legales.

¿Y eso que quiere decir, Pepe?, pues que una vez iniciado el expediente contra la antena y cuando los técnicos comprueben si las instalaciones se adecúan a los autorizado en su día, la cosa que quedará como está, fatalmente para los vecinos que seguirán sufriendo cefaleas, insomnio…y con una gran decepción por lo acordado en el Pleno.

Una lástima, de verdad.

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