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El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Paterna Juan Antonio Sagredo anunció durante el pleno extraordinario celebrado ayer 21 de mayo que su partido declarará “lesivo para el interés público” tanto la privatización de Gespa como la compra de terrenos para la Zona Franca aprobados, con el voto en contra de los socialistas, por el alcalde Lorenzo Agustí y su Equipo de Gobierno.
Sagredo se refirió así a dos de las propuestas que los socialistas de Paterna recogerán en su programa electoral con el objetivo de revertir la forma de gestión de GESPA para convertirla de nuevo en una empresa municipal justa y eficiente y de paralizar el desembolso millonario del consistorio en la adquisición de suelo.
El dirigente socialista explicó que su objetivo es declarar lesivo para el interés público ambas disposiciones de Agustí para poder acudir al Tribunal Contencioso-Administrativo y conseguir la anulación de dichos acuerdos una vez gobiernen.
A este respecto, Juan Antonio Sagredo se ha interesado por conocer la titularidad de la totalidad de los terrenos en los que Agustí pretende gastar cerca de 10 millones de euros de dinero público y ha manifestado su preocupación por saber que se hará con esos terrenos si la virtual Zona Franca no sale adelante.
Asimismo, el dirigente socialista ha reprochado al alcalde que, aunque ya lleve 7 años gobernando, se haya pasado todo su mandato atribuyendo la ruina del consistorio a la herencia del anterior gobierno y a la compra compulsiva de terrenos y ahora pretenda elevar la deuda municipal hasta un 75% comprando unos terrenos que posiblemente no tengan ninguna utilidad.
Por lo que se refiere a la privatización de GESPA, Sagredo incidió en la peligrosidad de este cambio en la forma de gestión de la sociedad pública sin un estudio económico al mismo tiempo que ha solicitado información acerca del valor de Gespa, de cómo afectará esta venta al consistorio y a la estabilidad presupuestaria del mismo.
En este sentido, también criticó que se vayan a pagar más de 45.000 euros a Rosa Vidal, de Broseta Abogados y liquidadora de empresas públicas como RTVV, por un informe que se podía haber realizado desde el propio Ayuntamiento.
