Esquerra Unida de Paterna, junto a un grupo de inquilinos de viviendas sociales, presentó este jueves ante el Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA) la petición de 70 familias que actualmente viven en viviendas sociales de la entidad, que ésta se haga cargo del pago del IBI de sus propias viviendas y que no lo repercuta en los vecinos, familias con especiales dificultades para hacer frente al pago de la vivienda.
En el escrito presentado por el Grupo Municipal de Esquerra Unida se pide también que no se inicie ningún expediente de desahucio contra los inquilinos por no poder hacer frente a los pagos, un escrito al que se han sumado con su firma los inquilinos de 70 viviendas sociales.
Esquerra Unida ha logrado el compromiso de una reunión la semana que viene con la directora del IVVSA, Maria Jesús Rodriguez, a quien plantearán las reivindicaciones presentadas en el escrito.
Al IVVSA se desplazó el portavoz de EU en el Ayuntamiento y Secretario Local del PCE, Javier Parra, así como la Coordinadora Local de EUPV en Paterna, Laura Auñón. El portavoz de Esquerra Unida, Javier Parra, consideró «una vergüenza» que el IVVSA cargue sobre los hombros de las familias con mayores dificultades, el pago de algo que le corresponde exclusivamente a ellos», y señaló que la inclusión de una clausula en los contratos que incluía el desahucio inmediato si no pagaban, es absolutamente abusiva, «mucho más si tenemos en cuenta que esas familias lo que querían era un techo cuanto antes, y ni se les informó de lo que estaban firmando». «Si no hacemos algo cuanto antes vamos a ver como algunas familias van a ser desahuciadas por segunda vez en pocos meses», señaló Parra.
«En el IVVSA hemos podido hablar también con unos cuantos afectados de diversas poblaciones que tienen exactamente el mismo problema que las familias de Paterna, por lo que intentaremos que en la reunión de la semana que viene estén también representantes de otras poblaciones», añadió el portavoz de EU.
Por su parte, la Coordinador de EUPV Paterna, Laura Auñón, señaló que «es una barbaridad que las personas que tienen adjudicada una vivienda social, tengan menos derechos que las personas que realizan un contrato de alquiler entre particulares,en el que, por ley, el propietario es quien paga el IBI. El Consell con estas medidas está empeorando la situación de las familias, solicitándoles ilegítimamente que paguen un recibo que le corresponde a la Generalitat como propietaria de las viviendas. Estas políticas del PP no hacen otra cosa que ahogar más a las familias que más dificultades tienen, demostrando una vez más, que la situaciones de las personas y las familias trabajadoras no les importan en absoluto».
